La aplicación de la muerte civil en sede administrativa como mecanismo sancionatorio ante la inoperancia del funcionario y servidor público en el Perú 2016

Abstract

La investigación titulada “La aplicación de la Muerte Civil en sede administrativa como mecanismo sancionatorio ante la inoperancia del Funcionario y Servidor Público en el Perú 2016”, constituye un trabajo de investigación que plantea determinar ¿De qué manera afecta los derechos del funcionario y servidor público la aplicación de la muerte civil en sede administrativa como mecanismo sancionatorio eficaz ante la inoperancia funcional en el Perú, del año 2016?. Permitirá contribuir en mejorar la calidad de la gestión administrativa en la administración Pública, a través de un mecanismo, que sancione la inoperancia funcional de quienes se encuentra al frente de las instituciones públicas del estado en el Perú. El objetivo que persigue la investigación es: Analizar cómo afecta la aplicación de la muerte civil en sede administrativa como mecanismo sancionatorio ante la inoperancia del funcionario y servidor público en el Perú en la actualidad. Formulando la hipótesis siguiente: La aplicación de la ley de muerte civil en sede administrativa, es una medida preventiva sancionadora y eficaz, frente a los delitos en la administración pública, e incumplimiento de funciones de los servidores públicos del estado peruano. El método es descriptivo explicativo. La población está conformada por 310 personas, distribuidas en ocho grupos, cuya muestra está conformada por los servidores públicos de la instituciones públicas del estado, tomando como muestra el 25% de trabajadores seleccionados mediante la fórmula finita, que asciende a la muestra experimental y de control que es de 62 personas. Los resultados me permiten concluir que: Los funcionarios y servidores de la administración pública, incurren en responsabilidades funcionales, civiles y penales, por incumplimiento de sus funciones administrativas generando un desempeño incompetente, pésimo y deficiente en la gestión institucional, por ende ocasiona pérdidas económicas a la administración pública. En las Instituciones Publicas existe gran porcentaje de casos de inoperancia funcional, ineficiencia e incumplimiento de funciones por parte de los servidores y funcionarios públicos; y de acuerdo a los informes estadísticos de los años 2006 al 2016: de 21,572 denuncias penales, 11,158 implican a servidores públicos; y de 14,104 denuncias civiles, 10,249 son servidores públicos, esto hechos genera pérdida económica al Fisco por más 2,983 a 6,000 millones de soles; así como de los 6, 986 servidores públicos, 747 son funcionarios públicos que han sido inhabilitados por cinco 5 años del cargo. La Gestión de la Función Pública, es asumida por la Contraloría General de la República, siendo el insuficiente el personal profesional encargados de las acciones de control, por lo que no permite cumplir con las acciones de control, que se deberá hacer a las 28,000 obras publicas existentes, que asciende a un gasto dinerario de 17,000 millones de soles, y sirven para su ejecución de obras sociales, que deberán ser distribuidas en las 3,500 entidades del estado existentes, a fin de ser controladas por los profesiones especialistas de la Contraloría General de la Republica. Existe en el Perú, un gran porcentaje de inoperancia funcional de los servidores y funcionarias públicos en las entidades del estado peruano, que perjudica los derechos de los administrados y el buen desarrollo de la gestión funcional administrativa, ocasionando que en la administración pública existe un retraso, lento y con deficiencia institucional, debido a que no se cumple con los lineamientos de las políticas del estado peruano. Y finalmente se concluye que del porcentaje de actos de corrupción e inoperancia funcional en la gestión pública, que son totalmente alarmantes, la corrupción se ha institucionalizado al igual que la negligencia funcional, y por eso se debe aplicar “la muerte civil” en las sedes administrativas de las instituciones públicas del Estado peruano, como un mecanismo de prevención a delitos contra la Administración pública de índole penal, tipificados en nuestro ordenamiento jurídico, por ello no solo se debe sancionar los casos de corrupción con la aplicación de “la muerte civil”, sino también se debe aplicar ante tanta inoperancia y negligencia funcional o incumplimiento de funciones, que daña a las instituciones del Estado , por tanto los funcionarios públicos incompetentes no deben volver a ocupar cargo público alguno , es decir otorgarle una inhabilitación perpetua.