Suspensión procesal de la prescripción y su implicancia en los derechos del imputado, en el proceso inmediato

Abstract

La prescripción de la acción penal es una institución del derecho de gran relevancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la cual limita el poder punitivo del Estado; de este modo se evita perseguir indefinidamente a una persona por haber cometido un delito; sobre todo cuando a la investigación, en un tiempo legal, necesario y razonable no ha podido acreditar su responsabilidad. Asimismo, nuestro Código Penal asigna plazos a la prescripción, tanto ordinarios (artículo 80º del Código Penal) y extraordinarios (artículo 83º del Código Penal), así como también, supuestos de interrupción y de manera específica de suspensión (artículo 84º del Código Penal), por lo que resulta evidente que la prescripción de la acción penal tiene una naturaleza claramente material, por ser una institución contenida en el Código sustantivo. Sin embargo, el Código Procesal Penal establece una causa adicional de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal (distinta a la prevista en el artículo 84º del Código Sustantivo), la cual se aplica de manera automática a consecuencia de la disposición de formalización de investigación preparatoria; no obstante, ante la ausencia de plazo legal de suspensión, Corte Suprema de Justicia se ha visto en la imperiosa necesidad de emitir diversos Acuerdos Plenarios (1-2010/CJ-116; 3-2012/CJ-116) a fin de aclarar los alcances y características dicha figura jurídica, hecho que ha generado más de una crítica desde la escena del litigio. Con base en ello, que se pretende con este trabajo dilucidar si es posible aplicar la suspensión de la prescripción de la acción penal, prevista legalmente para la formalización de investigación preparatoria, también al proceso inmediato, como así lo pretense establecer la Corte Suprema en diversos pronunciamientos, o si ello conlleva a una vulneración de derechos del imputado relacionados a los principios y garantías constitucionales como el principio de legalidad y prohibición de interpretación extensiva y analogía de la ley procesal penal.